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Climent reabre la guerra de los horarios comerciales al obligar por ley a revisarlos cada cuatro años.

Las zonas con libre apertura del comercio en domingos y festivos se someterán a examen cada cuatro años. La declaración de zona de gran afluencia turística (ZGAT) que otorga libertad horaria dos de cada tres festivos en buena parte de Valencia, Alicante o Torrevieja, y en Pascua y verano en medio centenar de municipios, verá limitada su vigencia a cuatro años.

Así lo recoge el anteproyecto de Ley de Comercio Sostenible publicado por la Conselleria de Economía, que recoge las cuestiones más controvertidas del reglamento llamado a plasmar el pacto de los horarios comerciales sellado la pasada legislatura y contra el que alegaron, de forma conjunta y sin éxito, los representantes de pequeños comercios, supermercados y grandes superficies que integran la CEV para oponerse a esa revisión de oficio y poder instar la declaración o revocación de zonas de libre apertura.

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Cabe recordar que desde el departamento que dirige Rafael Climent, de Compromís, pretendían que la autorización caducase a los cuatro años pero tuvieron que reducir el alcance de su medida por los reparos de la Abogacía General de la Generalitat acerca de imponer una caducidad, con carácter retroactivo, a zonas ya declaradas de libre apertura.

La Abogacía advirtió de que podría suponer un nuevo choque con el Gobierno, como el surgido por la intención del Consell de Fabra de revisarlas cada dos años. Y así fue, aunque la llegada del PSOE al poder dio carpetazo a la comisión bilateral que impulsó el Gobierno del PP por dudar de la constitucionalidad de hasta cuatro puntos de la última restricción de los horarios, entre ellos el relativo a esa caducidad.

La llegada del PSOE al Gobierno enterró los reparos del Ejecutivo a la última restricción

Economía reabre ahora la guerra de los horarios al limitar su vigencia a cuatro años mediante un anteproyecto de ley que también incorpora medidas del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat (Patsecova), aún en tramitación como decreto. Entre ellas, exigir una segunda licencia –autorización autonómica, aparte de la municipal– para abrir, reformar o ampliar supermercados, como avanzó este periódico, y vetar proyectos que superen los 120.000 metros cuadrados de superficie comercial, tales como Intu Mediterrani.

Ese anteproyecto, en fase de información pública, establece que la declaración de zona de gran afluencia turística "tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables automáticamente por idénticos periodos, siempre que quede acreditada para cada caso la persistencia de las causas que motivaron la autorización inicial". Es decir, que cada municipio tendrá que justificar que sigue cumpliendo los requisitos por los que se le autorizó la libertad horaria para seguir abriendo en festivo.

Se da la circunstancia, además, de que la futura ley autonómica no recoge cuáles son esos requisitos, como pedía el sector para evitar que puedan cambiar por decisión del gobierno de turno.

Revocación anticipada

Además de obligar a revisar cada cuatro años la autorización, indica que la Dirección General de Comercio, a cargo de Rosana Seguí, "puede proceder a la modificación o revocación anticipada en caso de que el ayuntamiento afectado efectúe una nueva propuesta de modificación o supresión de la zona, o bien cambien o desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a la declaración".

Sin ocultar su malestar por la publicación de una normativa de ese calado sin consultar al sector, entidades como Anged, que actúa en nombre de grandes superficies como El Corte Inglés y Carrefour, y Asucova, que representa a Mercadona, Consum MasyMas, preparan ya sus respectivas alegaciones.

Ambas organizaciones se oponen también a que los ayuntamientos puedan deshabilitar dos festivos estatales o autonómicos "si coinciden con festividades tradicionales locales o situaciones excepcionales de análoga trascendencia".

La patronal reunirá a su comisión de comercio para volver a presentar alegaciones conjuntas

En paralelo a las actuaciones particulares de sus asociados, la CEV reunirá a su comisión de comercio para volver a presentar alegaciones conjuntas contra ese cambio normativo, como hicieron en su día los representantes de Confecomerç, Asucova y Anged.

«La Conselleria vuelve a actuar de espaldas al sector»

«Una vez resuelto el asunto más espinoso para la Administración, que era el tema de los horarios, la Conselleria de Economía vuelve a actuar de espaldas al sector». Así resumía Joaquín Cerveró, portavoz de Anged, el malestar de buena parte del comercio valenciano por haberse enterado de los cambios que recoge el anteproyecto de Ley de Comercio Sostenible al mismo tiempo que se abría el plazo de quince días para alegar.

Para las grandes superficies, el texto publicado por el departamento que dirige Rafael Climent implica «más intervencionismo»y, además, «desvirtúa el acuerdo» alcanzado por el sector la pasada legislatura, al limitar a cuatro años la vigencia de las zonas de libre apertura y permitir que los ayuntamientos deshabiliten dos festivos de los once autorizados en la Comunitat.

En la misma línea, el director de Asucova, Pedro Reig, cuestiona ambas medidas y critica asimismo «las formas» empleadas por la Administración para impulsarlas. Fundamentalmente, que no haya citado a las principales organizaciones del sector para abordar esos cambios normativos antes de publicarlos.

Desde la patronal autonómica constatan «el malestar existente dentro del comercio, sea pequeño, mediano o grande, por la forma de actuar» de la Generalitat en este asunto. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, manifestó ayer que «no se entiende que planteen estas cosas sin consultar al sector».

Anunció que convocarán a la comisión de comercio de la CEV, a petición del propio sector, para preparar alegaciones conjuntas contra una ley que da al traste con la pretensión empresarial de pasar página y dejar de hablar de horario.